El Gobierno de Cantabria ha informado de que ha impuesto una nueva sanción de 3.000 euros a un establecimiento por vender leche con pérdida, dentro de la campaña de inspección que lleva a cabo en este sentido.
Con esta campaña, puesta en marcha en 2012 desde la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, han sido sancionados ocho establecimientos, según indica el Ejecutivo en una nota de prensa.
La Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno continúa así en 2014 con esta campaña de inspección de grandes empresas de distribución, para controlar el precio de venta al público de la leche a pérdida.
El Gobierno recuerda que la legislación regional prohíbe vender un producto a un precio inferior al de adquisición según factura y, para asegurarse de que se cumple con la normativa, se realiza una labor de inspección a los establecimientos comerciales de grandes empresas de distribución.
El objetivo es «defender la libre y leal competencia entre todas las empresas distribuidoras» y «proteger los derechos de los ganaderos de Cantabria» para evitar «una caída de los precios que haga inviables sus explotaciones».
La última sanción resuelta por la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio se cuantifica en 3.000 euros, por venta con pérdida al público de una marca de leche fuera de los supuestos que recoge la Ley de Comercio de Cantabria.
El procedimiento se sigue desde la Dirección de Comercio a instancias de la Dirección General de Pesca y Alimentación de la Consejería de Desarrollo Rural.
Así, desde esta Dirección, se visitan diversos establecimientos, hipermercados y supermercados, para comprobar los precios de venta al público y las variaciones de éstos respecto a los de visitas anteriores.
Los resultados son enviados y comprobados por el Servicio de Comercio y Consumo de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, que, en vista del aumento o disminución de los precios en los distintos períodos observados, inspecciona aquellos establecimientos en los que se hayan producido disminuciones de precios, levanta acta con el PVP en el momento de la inspección y se requiere la factura de compra.
Posteriormente, a la vista de esta factura, si el precio de compra por el comerciante a su proveedor es inferior al PVP, se inicia el expediente sancionador.
Desde el lanzamiento de esta iniciativa son ocho las sanciones recogidas: tres en 2012, cuatro en 2013 y una en 2014, y las sanciones han llegado en algunos casos hasta los 15.000 euros, siendo calificadas todas ellas como graves.
Fuente: ABC